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Algunas reflexiones de sociología jurídica y educación en torno a los derechos humanos

Tal y como lo señala la teoría constitucional contemporánea, la legitimidad y reconocimiento del Estado tiene sus fundamentos en el establecimiento formal y garantía práctica de los derechos fundamentales de las personas. Así lo señalan  Miguel Carbonell y Pedro Salazar[1] cuando nos invitan a reflexionar en torno a la reforma constitucional de los derechos humanos. Es claro que a partir de estos cambios, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a garantizar los derechos humanos, la igualdad y el derecho a la no discriminación. “Un Estado constitucional y democrático se distingue de otras formas de organización sociopolíticas, precisamente, por el reconocimiento formal de esos derechos y su garantía práctica”[2].

Cuando hablamos de la legitimidad del Estado tenemos que referirnos también a la laicidad del mismo. Roberto Blancarte, en su libro Para entender el estado laico, nos lo explica de la siguiente manera: “El Estado laico es, entonces, ese moderno instrumento jurídico-político al servicio de las libertades en una sociedad que se reconoce como plural y diversa. Un Estado que, por lo mismo, ya no responde ni está al servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular, sino al interés público, es decir al interés de todos, manifestado en la voluntad popular y el respeto a los derechos humanos”[3]. De estas breves reflexiones podemos comenzar a entender que la legitimidad del Estado mexicano, como institución jurídico política, hoy está sustentada en el respeto y garantía de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación y en la voluntad popular de una sociedad plural y diversa.

 

[1] Cfr. CARBONELL, Miguel y SALAZAR UGARTE, Pedro (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma, 3ª edición, México, Porrúa-UNAM, México, 2013, p. IX.

[2] Id.

[3] BLANCARTE, Roberto J., Para entender el estado laico, México, Nostra Ediciones, 2008, p. 9.

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